La Asamblea General de TECNIFUEGO-AESPI, celebrada el pasado 23 de junio en Madrid, ha estado marcada por los importantes cambios que ha introducido la transposición de la Directiva de Servicios en la legislación que afecta al sector de la seguridad contra incendios, y por las consecuencias de la crisis económica actual. Ambas circunstancias están afectando notablemente a las empresas, sobre todo a las más pequeñas que tienen que lidiar con la parálisis de la demanda, problemas crediticios, los impagos, la intrusión profesional y nuevos requisitos administrativos e impuestos para poder ejercer la profesión.
Durante la reunión, Rafael Sarasola, presidente de la Asociación, comentó que en estas circunstancias “hay que estar unidos y pensar en positivo”.
Rocío García-Borreguero, secretaria general de la Asociación, informó de las medidas adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria y ejecutadas por el Grupo de Trabajo que se creó para encaminar las acciones oportunas tras la entrada en vigor del R.D. 195/2101, por el que se modifica el Reglamento de la Seguridad Privada, y que introduce una serie de cambios que afectan a las empresas de seguridad contra incendios, que instalen y/o mantengan sistemas conectados a una Central Receptora de Alarmas (CRA). Entre ellas, destacó la carta enviada a los tres Ministerios: Vivienda, Industria e Interior, y liderar un plan estratégico consensuado con el resto de asociaciones del sector de seguridad contra incendios.
En este sentido, el asesor jurídico de la Asociación, Fernando Fernández Pareja comentó que la modificación del Reglamento de Seguridad Privada afecta a las empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas conectados a una CRA, que ahora deben inscribirse, con todo el trámite y requisitos que ello conlleva, como empresas de Seguridad Privada. “Examinados los antecedentes, podemos afirmar rotundamente que ni la Directiva, ni la Ley Ómnibus, ni la modificación operada en la Ley de Seguridad Privada condiciona u obliga a la modificación introducida en el Reglamento por la que las empresas que deseen continuar con la actividad deben inscribirse como empresas de Seguridad Privada, cuestión de la que estaban exceptuadas. Además, no es lógico que amparado por una normativa liberalizadora de mayor rango (Directiva y Leyes) se dicte un Real Decreto que obliga a unos mayores requisitos para ejercer la actividad que ya se venía ejerciendo. Y finalmente, hay un defecto en la forma y en el fondo por no haber consultado a TECNIFUEGO-AESPI, patronal del sector, en un asunto que afecta de manera directa y grave a las empresas que representa.
Durante el debate asambleario, se acordó aprobar las medidas adoptadas hasta el momento por el Grupo de Trabajo y no desestimar ninguna otra acción que pueda enmendar el perjuicio actual al que se ven sometidas las empresas.
OTRAS NOVEDADES
El acto continuó con la intervención de Rocío García-Borreguero, que hizo un repaso de las actividades de TECNIFUEGO-AESPI durante 2009 y presentó el informe económico. Todo ello recogido en la Memoria 2009.
Por su parte, Adrián Gómez, tesorero y vicepresidente de la Asociación presentó el informe económico de la Asociación durante 2009.
Además, la Asamblea aprobó algunas novedades e iniciativas, como la ratificación de Santiago Montero como director del Comité de Ética –CEDAE- y la designación de un nuevo cargo: delegado de la Junta Directiva para impulsar la protección activa, cargo que ocupará Jordi Isern, y con el que tratará de revitalizar esta área de la seguridad, impulsando nuevas actividades, como la rehabilitación, el fomento de la sustitución de los equipos y sistemas tras su periodo de vida útil, y el seguimiento junto a la Organización de SICUR de aquellas empresas extracomunitarias que no cumplan con las certificaciones de producto y la legislación vigente en la materia, para que no expongan en esta feria sectorial.
Rafael Sarasola, clausuró la Asamblea comentando que ahora más que nunca es necesario trabajar muy de cerca en los temas sectoriales: “Para salir de esta situación no podremos hablar de verdadera atención a la competitividad sin la creación de un entorno adecuado para las empresas. Y es necesario que se escuche a los sectores, a sus patronales, verdaderas conocedoras de las circunstancias específicas sectoriales. Ninguna ley o modificación podrá tener el éxito esperado si no conoce las posibilidades y o dificultades empresariales para acometer los cambios”, dijo.
